El general Serrano formó un gobierno provisional hasta que, reunidas las Cortes Constituyentes (febrero 1869), se acordó la constitución de un ministerio (poder ejecutivo) encargado de regir el país interinamente. El gobierno provisional, prejuzgando una cuestión que debía decidir la nación, se declaró monárquico, pero antidinástico. Al propio tiempo se lanzó a preparar las elecciones previstas para diciembre. Entre los muchos problemas planteados estaba el de alcanzar la sumisión de las Juntas Revolucionarias, que fueron disueltas el 20 de octubre de 1869. Ciertas medidas legislativas de carácter anticlerical fueron pretexto para la ruptura con la Santa Sede y motivo para que el pretendiente carlista (Carlos VII) publicara un manifiesto contra la libertad de cultos. En diciembre de 1869 se planteó también un conflicto a raíz de la negativa de la Milicia Nacional de Cádiz y Málaga a dejarse desarmar. Por otra parte, siguiendo la propaganda bakuninista de Fanelli, desde enero de 1869 los campesinos jerezanos comenzaron a organizarse para defender las tierras que habían ocupado, lo que motivó una durísima represión.
Realizadas las elecciones y constituidas las Cortes, los monárquicos lograron una amplia mayoría, aunque también los republicanos obtuvieron una minoría importante, no sólo por el número, sino por la calidad de sus miembros (Figueras, Salmerón, Orense, etc.). Fue aprobado el texto de la Constitución (junio 1869) y al mes siguiente el general Serrano se convirtió en regente, mientras Prim constituía el primer gobierno, cuya principal tarea era encontrar monarca para el trono español. Las candidaturas eran muy diversas, pero entre las más viables figuraban las de Amadeo de Saboya, Fernando de Coburgo y Leopoldo de Hohenzollern, por el que de momento se inclinaba Prim. Pero esta última candidatura originó graves conflictos internacionales (guerra franco-prusiana), que la invalidaron. Prim se dirigió incluso a Espartero, quien no aceptó la propuesta. Por diversas circunstancias fueron quedando eliminadas las restantes candidaturas hasta restar únicamente la de Amadeo de Saboya. El 3 de noviembre de 1870 fue iniciado el debate parlamentario en torno a la candidatura saboyana. Se convirtió en una polémica política, que terminó con una votación en que la propuesta de Prim triunfó por 191 votos, aunque la solución republicana también logró 63, y los otros candidatos proporciones menores. El 2 de enero de 1871 estaba Amadeo I en Madrid, cuando ya había muerto Prim a consecuencia de las heridas sufridas pocos días antes en el atentado de la calle del Turco.
El duque de La Torre, general Serrano, fue encargado de formar gobierno. El mes de abril leyó Amadeo I el mensaje de la corona antes las Cortes, manifestando su propósito de ajustarse en todo a lo preceptuado por la Constitución. En pocos meses se sucedieron los gobiernos de Ruiz Zorrilla, Malcampo y Sagasta hasta que, finalmente, volvió Ruiz Zorrilla (1872) y fueron disueltas las Cortes. Pero también por entonces se iniciaron las actividades de las nuevas partidas carlistas, hubo creciente agitación republicana federal en diversos puntos, empeoró el problema cubano e incluso el mismo rey sufrió un atentado (julio 1872). Poco después se planteó la cuestión de los artilleros, cuyas últimas implicaciones terminaron dando al traste con la monarquía de Amadeo I. Leyó éste su renuncia ante el Senado y el Congreso el 11 de febrero de 1873; acto seguido se inició una sesión conjunta de ambas cámaras en que se decidió proclamar la república.
Estanislao Figueras fue elegido primer presidente del poder ejecutivo y se constituyó un gobierno de coalición, en el que figuraron republicanos de diversas tendencias, radicales y progresistas. Cristino Martos, presidente de la Asamblea, intentó a los pocos días una maniobra favorable a su partido (radical), pero no consiguió su propósito, sino la reestructuración del gabinete a base únicamente de republicanos. Ante la lentitud con que se llevaban los preparativos para convocar elecciones y reunir cortes constituyentes, en Barcelona se produjo un brote federal (9 marzo), que el mismo Figueras y Pi y Margall se encargaron de calmar.
Finalmente fue disuelta la Asamblea Nacional y se convocaron las Cortes para el 1 de junio, mientras quedaba en funciones una comisión permanente, cuyos miembros intentaron una nueva maniobra, que fue atajada por el gobierno (23 abril). Este incidente favoreció el triunfo republicano en las elecciones. Reunidas las Cortes, Figueras, que no conseguía formar gobierno, presentó la dimisión y fue sustituido por Pi y Margall, cuyo mandato duró del 24 de abril al 18 de julio y se vio desbordado por la sublevación cantonal, que adquirió caracteres de especial gravedad en Cartagena.
Le sucedió Nicolás Salmerón (18 julio a 6 de septiembre). Decidido a someter a los cantonalistas, comisionó a los generales Martínez Campos, Pavía y Salcedo, y este último triunfó en Chinchilla (10 agosto) sobre una expedición de cantonales de Cartagena. Pero ante el compromiso de tener que firmar la sentencia de muerte de varios jefes cantonales condenados por los tribunales, Salmerón presentó la dimisión.
Emilio Castelar ocupó su puesto, y con él la república experimentó un giro hacia el moderantismo y el carácter unitario. Obtuvo de las Cortes autorización para asumir poderes excepcionales con los que combatir la situación y hacer frente a los sublevados de Cartagena. Pero cuando, al cumplirse el plazo concedido por las Cortes a su mandato extraordinario, se reunieron éstas el 2 de enero de 1874, se planteó la cuestión de confianza, que fue perdida por Castelar. Presentó éste la dimisión, y cuando terminaba de elegirse al diputado Eduardo Palanca para sustituirlo, fue conocido el golpe de estado del general Pavía (madrugada del 3 de enero).
Quedaron suspendidas las garantías constitucionales, aunque formalmente no se daba por suprimida la república. La presidencia del gobierno fue asumida por el general Serrano. La mayor preocupación de este gobierno provisional fue liquidar definitivamente el cantonalismo, que terminó con la entrada en Cartagena del general López Domínguez (13 enero 1874), y enfrentarse decididamente con la guerra desencadenada por los carlistas, otro de los más graves problemas que hubo de afrontar la república en su breve y azarosa existencia.
En efecto, al producirse la elección de Amadeo I como rey, el pretendiente carlista (Carlos VII) protestó. En las elecciones de 1871 los carlistas lograron enviar a las Cortes una minoría importante que, dirigida por Nocedal, daba la batalla parlamentaria. Sin embargo, este intento se hizo más difícil a raíz de las elecciones de 1872, en que consiguieron pocas actas. Ello decidió a Carlos VII, que había tomado el título de duque de Madrid, a recurrir a la guerra (21 de abril 1872). Los comienzos no resultaron favorables para los carlitas, que en poco tiempo sufrieron la derrota de Oroquieta (mayo 1872) y la pacificación del País Vasco, gracias al convenio de Amorebieta, negociado por el general Serrano con la Junta de Vizcaya. La caída del poder de Amadeo I, juntamente con la desorganización desencadenada por el levantamiento cantonal, permitieron la recuperación carlista y el asedio de Bilbao, que fue levantado finalmente por los generales Serrano y Manuel Gutiérrez de la Concha (2 mayo 1874). Se estabilizaron después ambos bandos y la lucha prosiguió hasta los primeros tiempos de la Restauración.
Paralelamente a este conflicto se desarrolló la guerra cubana, que había de durar hasta 1898 y que comenzó con el llamado grito de Yara (octubre 1868), poco después de haberse iniciado la revolución en la metrópoli. Desde los comienzos se temió una intervención de los EE.UU. El 31 de octubre de 1873 fue apresado el vapor Virginius, propiedad de la junta cubana exiliada en Nueva York, que usaba fraudulentamente el pabellón estadounidense. En él se hallaban los principales dirigentes cubanos y armamento. Pese a las presiones de los EE.UU., fueron ejecutados, y sólo la habilidad y moderación del secretario de estado Fish pudo evitar el choque directo entre España y EE.UU.
Todos los problemas quedaron de momento en suspenso ante el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto (29 diciembre 1874), favorable a Alfonso XII. Pronto se adhirieron a él el general Jovellar, jefe del ejército del Centro, y el capitán general de Madrid, Primo de Rivera. En estas condiciones el gobierno tuvo que aceptar los hechos consumados y disolverse; Serrano marchó a Francia, dando paso al ministerio-regencia presidido por Cánovas del Castillo. En el fondo el pronunciamiento de Sagunto fue condicionado por la conjunción de las agitaciones campesina y obrera, las cuales motivaron un compromiso entre los grandes propietarios y los industriales que "selló" la Restauración.

Cánovas del Castillo (foto de la izquierda)Mateo Sagasta (foto de la derecha)
El 14 de enero de 1875 entró Alfonso XII en Madrid. Su reinado había de durar hasta 1885, año en que murió. Hasta 1881, salvo breves paréntesis, ocupó Cánovas la presidencia del consejo, con el partido conservador. Frente a él estaban los constitucionalistas de Sagasta, los centristas de Alonso Martínez, los carlistas de Nocedal, los posibilistas de Castelar, los republicanos de Ruiz Zorrilla (el más batallador de los antidinásticos) y los federalistas de Pi y Margall. De todos ellos, en realidad el único partido con posibilidades de gobernar fue el nuevo partido fusionista, resultante de la unión de centristas y constitucionalistas, dirigido por Sagasta. Fue éste quien pasó a gobernar en 1881, hasta 1883, en que de nuevo fue sustituido por Cánovas, tras unas famosas elecciones organizadas desde el ministerio de la Gobernación por Romero Robledo.
El primer problema abordado, la guerra carlista, se resolvió pronto. El general Martínez Campos obligó a capitular a la Seo de Urgel (agosto 1875) y poco después caía Estella, donde el pretendiente había instalado su corte. En febrero de 1876 Alfonso XII acudió también al frente, y días más tarde el pretendiente Carlos cruzó nuevamente la frontera camino de Francia. Por entonces fue presentada la Constitución de 1876, llamada "de los notables", promulgada el 30 de junio. En julio del mismo año entró en vigor la ley que reducía los fueros vascos y navarros. Y dos años más tarde, tras las gestiones pacificadoras de Martínez Campos, se logró la paz de Zanjón (1878), con la cual se puso fin a la guerra de Cuba.
En 1883, un viaje de Alfonso XII por Alemania, Bélgica y Francia trató de integrar de algún modo a España en el cuadro de las relaciones internacionales de la época, sin resultados concretos. En efecto, el 13 de agosto de 1885 Alemania planteó la cuestión de las islas Carolinas y manifestó el propósito de someterlas a su soberanía. Procedente de Manila salió rumbo a dichas islas una expedición militar española que logró anticiparse a la presencia alemana. Pero el pleito se resolvió mediante arbitraje del papa León XIII (diciembre 1885). Pocas semanas antes había muerto Alfonso XII (25 noviembre 1885). Se inició entonces el período de la Regencia, que pasó a ocupar la reina viuda María Cristina. La víspera del fallecimiento del rey tuvo lugar la entrevista entre Cánovas y Sagasta, que ha sido llamada pacto del Pardo, en virtud de la cual se organizó el turno pacífico de los dos partidos en tanto durase la situación transitoria planteada por la muerte del rey. Cánovas presentó su dimisión y fue sustituido por Sagasta. Se disolvieron las Cortes, y las nuevas fueron elegidas en abril de 1886. Al mes siguiente (17 mayo) nacía Alfonso XIII.
En función de lo acordado por Cánovas y Sagasta fueron sucediéndose los distintos gobiernos en alternancia liberales y conservadores. Así, por ejemplo, el 5 de julio de 1890 volvió al poder el partido canovista, al que nuevamente relevó Sagasta (diciembre 1892), en el llamado gabinete de altura. Reapareció nuevamente Cánovas (marzo 1895), durando su ministerio hasta el 8 de agosto de 1897, en que fue asesinado. El general Azcárraga constituyó entonces un ministerio de transición hasta el mes de octubre del mismo año, en que volvió al poder Sagasta, y se mantuvo en él hasta marzo de 1899. Fue sustituido entonces por el partido conservador, dirigido ahora por Francisco Silvela, que se mantuvo en el poder hasta octubre de 1900, en que fue relevado por Azcárraga de nuevo, hasta marzo de 1901. Nuevamente fue Sagasta el jefe de gobierno, y continuaba siéndolo cuando el 17 de mayo de 1902 juró Alfonso XIII la Constitución, dando por terminado el período de la Regencia.

Sin duda alguna fue la guerra de Cuba el hecho decisivo durante los años de la Regencia. Ante ella pierden importancia otros acontecimientos, como la aceptación marroquí del establecimiento de una pesquería en Ifni (octubre 1883), aunque este asunto se prolongó después por las reiteradas peticiones marroquíes en el sentido de aplazar la toma de posesión, o los incidentes surgidos en torno a Melilla (1893) por incumplimiento de ciertas cláusulas de los tratados de 1860, o la delimitación final de las fronteras que había de tener el territorio español en Guinea (1900).
Comenzó la guerra cubana con el grito de Baire (febrero 1895). Se hizo cargo de la situación el general Martínez Campos, que trató de compaginar la energía con el espíritu conciliador. Fueron creciendo los envíos de tropas procedentes de la Península y finalmente, en febrero de 1896, se hizo cargo del mando el general Weyler, que llevó la guerra con gran energía, lo que provocó en los EE.UU. una actitud favorable a los insurrectos, como pudo apreciarse por las repetidas notas del gobierno estadounidense, dirigido entonces por el presidente Cleveland. Tras el asesinato de Cánovas se abrió paso en Madrid la idea autonomista preconizada por Moret y que pronto contó con el apoyo de Sagasta. Efectivamente, el nuevo ministerio Sagasta elaboró una Constitución autonomista (noviembre 1897). Pero tampoco esto satisfizo plenamente al gobierno de los EE.UU., que inició los preparativos para su ruptura con España. En el mes de febrero de 1898 tuvo lugar el famoso incidente del Maine, que precipitó los acontecimientos. Se intentaron una serie de gestiones amistosas por parte de varias potencias europeas y del Papa; pero todo resultó inútil ante el ultimátum estadounidense del 20 de abril, que era en realidad una declaración de guerra.
Paralelamente había estallado la insurrección filipina (septiembre 1896), que pudo ser sometida tras el pacto de Biac-Na-Bató (diciembre 1897), concertado por el general Primo de Rivera. Pero en la primavera del años siguiente, y contando con la ayuda de los EE.UU., se reanudó la lucha. En el verano de 1898, destruida la escuadra española en Cuba y Filipinas, se iniciaron las negociaciones de paz, que culminaron en el tratado de París del 10 de diciembre de 1898, por el que se perdían Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Las Carolinas, las Palaos y las restantes islas de las Marianas fueron vendidas a Alemania (junio 1899).
El marco legal delimitado por la Constitución de 1876, decididamente conservadora, fue flexibilizándose, particularmente a partir de 1881, por diversas disposiciones en que se reconocía, por ejemplo, la libertad de cátedra, o la ley de Asociaciones (junio 1887), la del Jurado (abril 1888) o la Electoral, que implantó el sufragio universal (junio 1890). En otro orden de cosas, en 1879 fue fundado el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por Pablo Iglesias, y en 1888 la Unión General de Trabajadores, sindicato socialista.
La crisis de 1898, con la derrota ante los EE.UU., reveló bruscamente la debilidad del sistema de la Restauración, cimentado en un artificioso "país legal". Ello explica que se hurgara en las profundidades del alma hispana. De las introspecciones, angustiosas o realistas, no surgió una unanimidad en las respuestas. Frente al pesimismo de la generación del 98, que parece evadirse por el camino de la estética, el poeta catalán Joan Maragall preconiza el optimismo burgués, la subordinación del estado a las auténticas necesidades de la sociedad española y, en definitiva, el ideal ibérico.
Fuente:Diccionario de historia de los países del mundo.




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